El 31 de mayo, Illinois pasó a ser el primer estado a escala  nacional en legalizar tanto la venta como el consumo y posesión de la marihuana recreativa. La ley ha sido elogiada por suponer la regularización de la marihuana más progresista del país, ya que incluye disposiciones para ayudar a sanar el daño que la guerra antidrogas causó en las comunidades de color de bajos ingresos. Se estipula la expurgación de los expedientes judiciales para delitos relacionados con la marihuana, se incentiva el desarrollo de negocios de marihuana en las comunidades más impactadas por la guerra antidrogas y se canaliza una parte de los ingresos fiscales derivados de la marihuana hacia dichas comunidades.

Si bien los activistas y líderes comunitarios celebraron la aprobación de la ley, también han llamado a la vigilancia para asegurar que su aplicación realmente ayude a respaldar a las comunidades pobres. Muchos se muestran escépticos ante el hecho de que la ley haya sido aprobada ahora, cuando emprendedores blancos y adinerados tienen la  oportunidad de sacar beneficio de la marihuana, y comparan esta sincronía con el proceso de reforma de las leyes relacionadas con los opioides una vez que la población blanca empezó a verse afectada por la adicción.

Podemos aprender algunas lecciones de la legalización de la marihuana medicinal en Illinois hace cinco años.

Dicha medida puede haber parecido una victoria para quienes esperaban poder consumir legalmente la planta para paliar el dolor crónico, la ansiedad u otros trastornos, o como un método para ayudarles a vencer la adicción a los opioides.

También puede haber supuesto una buena opción para algunos habitantes de Illinois, ya que actualmente en el estado hay más de 65,000 pacientes registrados para el consumo de marihuana medicinal.

No obstante, muy pronto quedó claro que legalizar la marihuana medicinal generaría un gran lucro para las empresas de envergadura y los inversores adinerados, en lugar de para el ciudadano corriente y la pequeña empresa.

Poderosas compañías de estados como Colorado y California con experiencia en el negocio de la marihuana, así como acaudalados empresarios locales, sostuvieron una competencia feroz por el limitado número de permisos otorgados para el cultivo y la venta de marihuana medicinal en Illinois. La mera solicitud de un permiso suponía un costo de $25,000 para los cultivadores y de $5,000 para los vendedores, y los solicitantes tenían que probar la disponibilidad de activos líquidos por un valor de entre $400,000 y $500,000; además, a los cultivadores se les exigía depositar una fianza de $2 millones ante el Departamento de Agricultura de Illinois.

Es por ello que únicamente quienes contaban con millones para invertir podían esperar obtener un permiso para la compra o venta  de marihuana medicinal, y las poblaciones más perjudicadas por la criminalización de la marihuana —las comunidades de color de bajos ingresos— quedaban sistemáticamente excluidas.

La nueva ley que regulariza el uso recreativo de la planta estipula préstamos a bajo interés por un monto de $20 millones para ayudar a promover la “equidad” en el negocio de la marihuana, así como la supresión de las condenas por delitos graves de clase 4 y deli tos menores relacionados con la marihuana que figuren en los expedientes judiciales —de manera que no se siga castigando a las personas básicamente por la misma práctica que quedaría legalizada bajo el proyecto de ley.

Obtener un permiso para el cultivo o la venta de marihuana recreativa supondría pagar una cuota exorbitante: $100,000 para los cultivadores y $30,000 para los minoristas. Asimismo, los emprendedores abonarían una cuota para el desarrollo comercial equivalente al 5 por ciento del total de ventas, o $500,000 para los cultivadores y $200,000 para los minoristas. En ambos casos, se aplicarían cuotas reducidas para los “solicitantes por equidad social” de las comunidades más perjudicadas por la guerra antidrogas.

Muchos consideran que la mayoría de los grandes negocios e inversores que dieron el salto al mercado de la marihuana medicinal en Illinois lo hicieron en gran medida para encontrarse en posición ventajosa cuando el estado legalizara la marihuana recreativa. Es por ello que, aunque la ley propuesta incluya cláusulas de equidad social y ponga el énfasis en los “cultivadores artesanales”, los nuevos participantes en el negocio estarán compitiendo con grandes compañías establecidas que contaron con ventaja.

En teoría, la legalización plena de la marihuana debería eliminar uno de los argumentos que habían empleado las fuerzas del orden público para arrestar, multar y acosar a las poblaciones de color en los vecindarios marginados de Chicago — aun cuando la marihuana no era el auténtico motivo para centrar la atención en estas comunidades.

No obstante, con tanto dinero y tamaña transición jurídica en juego, hará falta una enorme vigilancia para garantizar que la legalización de la marihuana recreativa brinde oportunidades a quienes más lo necesiten, sin exacerbar la desigualdad.

En un supuesto ideal, incluso el proyecto de ley para la legalización de la marihuana mejor diseñado se implementaría en combinación con un desarrollo económico significativo y programas de creación de empleo para las comunidades marginadas de Chicago, Peoria y otras áreas urbanas o rurales de Illinois, donde muchos habitantes han dependido de la venta ilegal  de marihuana como fuente de ingreso, al carecer de otras oportunidades. Junto con la supresión de las condenas vinculadas a la marihuana, una ley de legalización de la marihuana verdaderamente progresista también amplia ría las oportunidades para suprimir otro tipo de condenas que dificulten exponencialmente la búsqueda de empleo.

En contra del mito popular, pocos se enriquecen con la venta de drogas. Aun así, especialmente cuando se trata de personas con antecedentes penales u otras barreras que dificulten aún más conseguir un trabajo “legítimo”, esta actividad puede representar una vía de sustento económico.

Una vez entre en vigencia la legalización, estos fondos se transferirán a las arcas de los empresarios y sus empleados. Por otra parte, no hay duda de que seguirá existiendo un mercado negro, y según cómo se perfilen los detalles de la ley y su cumplimiento, podría existir presión por parte de una poderosa industria de la marihuana para adoptar medidas drásticas contra los vendedores ilegales.

La nueva ley aplica impuestos a la venta de entre el 10 y el 25 por ciento para los productos de la marihuana, dependiendo de la concentración de THC. Asimismo, los municipios  y condados podrán agregar impuestos de hasta el 3.5 por ciento. Debido a la magnitud de los impuestos, muchos podrían seguir comprando marihuana en el mercado negro, o intentar acogerse al estrictamente reglamentado programa de marihuana medicinal, que aplica impuestos muy inferiores.

Los ingresos fiscales se destinarán en un 20 por ciento al tratamiento del abuso de sustancias y a la salud mental y en un 25 por ciento a la reinversión comunitaria —pasos adecuados que buscan repartir la riqueza y ayudar a rectificar el daño causado por la guerra antidrogas. No obstante, los habitan tes de dichas comunidades probablemente no aprecien que el 8 por ciento de los ingresos fiscales se destine a la capacitación de las fuerzas del orden, el 10 por ciento a las facturas estatales impagas y el 35 por ciento al fondo general del estado. Dicho de otro modo, la ley no tiene como principal objetivo eliminar y rectificar el daño causado por la guerra antidrogas, sino apuntalar un estado en crisis financiera.

Si resulta necesaria una crisis financiera para cimentar el apoyo político bipartidista hacia una decisión racional y humanitaria como es la legalización de la marihuana, a los habitantes de Illinois quizás les convenga aprovechar la oportunidad y luchar por una legalización que sea lo más equitativa y coherente posible. La crisis financiera también generó el impulso para otros tipos de reforma penal y para la disminución de la población presa en Illinois y otros estados, aun bajo el exgobernador republicano Bruce Rauner. La actual etapa parece especialmente propicia al cambio, con la llegada al gobierno de Chicago de la alcaldesa Lori Lightfoot y de un grupo de nuevos concejales, algunos de ellos socialistas.

Chicago ha sido pionera de incontables industrias, desde los mataderos y acerías de décadas pasadas hasta las actuales startups de alta tecnología. Con el paso del tiempo, estas industrias crearon empleos para la clase media y empoderaron a los trabajadores sindicalistas, pero también impulsaron la desigualdad y la explotación.

Ya que la marihuana está en vías de ser legalizada y de convertirse en una industria boyante en un futuro cercano, se abre una oportunidad para que los sindicatos estatales, las organizaciones comunitarias, los líderes políticos y el ciudadano corriente hagan de la legalización una causa instrumental para el tipo de empleos y mercados que desean impulsar.

_______________________________________________________________________

Kari Lydersen es periodista, autora y profesora en Chicago, y dirige la especialización en Investigación y Justicia Social en el programa de posgrado de Northwestern University. Es autora de Mayor 1%: Rahm Emanuel and the Rise of Chicago’s 99%. Más info en http://www.karilydersen.net/

Texto traducido por Susana Galilea, traductora diplomada por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad reside en Chicago y en la red en www.accentonspanish.com