“El gobierno de Alabama estudia emplear presos para compensar la escasez de mano de obra agrícola atribuida a la nueva ley estatal contra la inmigración ilegal, se informó el martes”.
Es el último anuncio en una larga serie de remedios contra una enfermedad que parece aquejar cada vez con mayor frecuencia a los políticos que decidieron tiempo atrás que la inmigración sin papeles era un brillante tema de campaña. Pero claro, como en muchos otros casos, la medicina no puede curar la estupidez.
La Ley de Alabama, formalmente denominada HB56, y entre los activistas de inmigración como la “Ley Juan Crow”, en referencia a las viejas leyes sureñas aprobadas inmediatamente después de que Abraham Lincoln firmara la abolición de la esclavitud y que establecían la segregación racial legal, es una ley estúpida. Establece, además de otras estupideces, que todos los empleados públicos deben pedir prueba de la residencia legal para poder otorgar los servicios públicos, desde salud hasta educación, y que la policía puede detener a cualquier persona por ser “sospechosa de no tener residencia legal”.
Es estúpida porque lejos de contribuir a resolver el problema inicial de la migración sin papeles, el hecho de que no haya un sistema actualizado para darles papeles a los trabajadores internacionales, solamente agrava el estado de las cosas. Es como meterle la cabeza a un asmático en una cubeta de agua argumentando que no puede respirar aire.
Es, desde mi punto de vista, el último de una serie de experimentos de los nativistas blancos estadounidenses, que se resisten a llegar a tener un nieto o sobrino que se llame Juan en vez de John; que se niegan a la mezcla de culturas, lenguajes y otras expresiones culturales. Es la última en una serie de intentos fallidos que se iniciaron a mediados de los años 90 con el entonces gobernador de California, Pete Wilson, con su llamada Proposición 187.
Como pedazos de un Frankenstein que se va construyendo poco a poco, hemos visto partes de esta tendencia nativista en Arizona, Utah, Carolina del Norte, Georgia e Indiana, no por casualidad estados todos gobernados por políticos del Partido Republicano. Y cada pedazo en la fabricación del monstruo ha probado ser fallida, por lo menos en parte.
Prácticamente cada una de las leyes estatales en contra de los inmigrantes han sido desafiadas exitosamente en las Cortes probando, por lo menos, que los republicanos aún no encuentran la fórmula exacta.
Y más nos vale que no la encuentren, porque cada vez se acercan más a su meta. Si bien la Proposición 187 se desechó por completo, la ley HB56 de Alabama aguantó la prueba y la decisión legal fue permitir que se pusieran en práctica algunos de sus aspectos más nefastos, como el “sospechosismo” legal ejercido por la policía.
El laboratorio nacional
Como todo en la política, especialmente los experimentos, el laboratorio republicano tiene por los menos dos filos: por un lado, afinan cada vez más su Frankenstein, esperando algún día tener un monstruo que quepa dentro de los marcos constitucionales estadounidenses, para entonces poder presentarlo desde la Casa Blanca o el pleno del Congreso y titularlo “Reforma Migratoria Integral”. Sería la culminación del experimento una ley que permitiera, al mismo tiempo, gozar de la mano de obra barata de los trabajadores internacionales y negarles sus derechos plenos como residentes y participantes activos en el país huésped.
El otro filo es que no somos simplemente espectadores del experimento, sino que nos hemos convertido en participantes activos.
La reciente acción de un grupo de personas, inmigrantes todos, indocumentados todos, en una acción de desobediencia civil en la capital de Alabama nos da motivo para creer que también vamos creciendo con el experimento.
Para comenzar, la acción fue múltiple, con por lo menos 19 personas involucradas. Dos de ellas fueron arrestadas cuando exigían ver al vocero de la mayoría republicana dentro del Capitolio en Montgomery; once más fueron arrestadas en la calle; dos entraron a propósito en una estación de La Migra (la Oficina de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior) y declararon ser indocumentados; las últimas cuatro, que no fueron arrestadas, buscaron a la Patrulla Fronteriza y establecieron sin lugar a dudas ser indocumentadas, ante la incredulidad del agente.
De todas estas personas, solamente las que entraron a las oficinas de La Migra fueron procesadas como indocumentadas, mientras que las demás quedaron en libertad sin mayores problemas excepto por acusaciones de “perturbar la tranquilidad”, por parte de un estado racista que reconoce su tranquilidad como el hecho de que ninguna minoría haga olas.
La diferencia entre los dos valientes que entraron a la Migra y los otros 17 voluntarios, fue que las autoridades sabían qué se traían entre manos; sabían de los actos públicos de desobediencia civil y, en el caso de la Patrulla Fronteriza, fueron reconocidos como activistas de inmigración, e incluso el agente sabía sus nombres, aunque no se hubiera anunciado su intento de ser detenidos.
El propósito claro de todos ellos era probar varias teorías y posibilidades: una, desafiar la ley de Alabama y obligar públicamente a sus funcionarios a que la ejercieran en contra de reconocidos activistas; dos, desafiar la llamada “nueva política de deportaciones” de la administración de Barack Obama, que supuestamente no procesará a los detenidos que no tengan antecedentes penales. El propósito se cumplió con creces. Ni Alabama estuvo dispuesta a cumplir su propia ley de cara a los medios de comunicación, ni la administración de Obama se arriesgó a cometer un error y procesar a los activistas.
El tercer objetivo, calculado o no por los activistas, fue el más importante: calibrar hasta dónde llegan “ellos”, los nativistas, y hasta dónde podemos llegar “nosotros”, el movimiento migratorio.
Si seguimos solamente desafiando el experimento en las Cortes, representados por abogados y políticos que dicen ser nuestros amigos (Obama era el ídolo de muchos hace tres años), vamos a perder.
Para que el experimento no llegue al fin esperado, es necesaria nuestra intervención abierta, organizada, en las calles.
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Jorge Mújica es un reportero y activista del movimiento migratorio y sindical; ha colaborado en radio, televisión y prensa escrita en México y Estados Unidos, y es un activo participante del movimiento por los derechos de los trabajadores, tanto inmigrantes como nacidos en Estados Unidos.